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Plazos de desahucio de viviendas para okupas

El colapso en la Justicia alarga plazos de desahucio de las viviendas de okupas

Por Editorial 02/01/2024

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desahucios de viviendas 2023
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Los propietarios afectados por la okupación ilegal de viviendas, según indican los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), deben esperar una media de 20,5 meses para ver materializado el desahucio de su vivienda y conseguir su desalojo. Esta cifra supone el 50% más de tiempo que en 2018 cuando la espera media era de 4,9 meses.

Este progreso al alza incluye los procedimientos de los Juzgados de Primera Instancia y también las Audiencias Provinciales.

Considerando los promedios autonómicos de las Audiencias Provinciales, Andalucía (22,5 meses), Baleares (23,2 meses), Canarias (23,5 meses) y Castilla y León (31,5 meses) se sitúan por encima de la media nacional, con periodos de espera superiores al resto.

¿Qué hay detrás de los retrasos en los desahucios de vivienda por okupación ilegal?

Entre los factores que condicionan la excesiva demora en los desahucios de vivienda que padecemos podemos encontrar  el ineficaz funcionamiento de la justicia por falta de medios o por las diferentes protestas convocadas o la aprobación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda que entorpece a la justicia al aumentar los requisitos necesarios para poder judicializar las situaciones de okupación ilegal.

Dotación de medios adecuados a la administración de justicia: clave para frenar las demoras en los desahucios de vivienda por okupación ilegal

Ante las previsiones al alza en las demoras de los desahucios de vivienda que pronostican los expertos se presume necesario un cambio de enfoque legislativo. No debería ser los mismos propietarios los que velen por el derecho a la vivienda de los ciudadanos como esta ocurriendo.

Es de vital importancia que la Administración de Justicia esté dotada de recursos materiales y humanos suficientes para frenar la saturación en la que se encuentra en la actualidad.

Como ocurre en el entorno europeo, deberían establecerse una medidas policiales que asegurasen la materialización de desalojos inmediatos en supuestos en los que esté clara esta necesidad .

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