11/09/2020
Los agentes de la seguridad del Estado reclaman al Ejecutivo herramientas para actuar contra la okupación. Ya que se ha convertido en una de las máximas preocupaciones para la ciudadanía ante el importante incremento de okupaciones ilegales producidas en los últimos tiempos.
Por ese motivo ha nacido la Asociación de Afectados por la Okupación (AAO). “Vamos a mover todos los mecanismos del Estado de Derecho para que se reconozcan los derechos de los afectados y se reparen los daños que la okupación está causando”, apunta en su presentación en la página web su presidente, Toni Miranda.
“Debemos cambiar las leyes para acabar con la okupación, sin duda. Pero también debemos exigir responsabilidades a todos aquellos, personas e instituciones, que en este tema están actuando con desprecio hacia el Estado de Derecho, incitando al delito o prevaricando en sus cargos”, añade.
El nacimiento de esta plataforma se produce cuando los agentes de la seguridad del Estado reclaman una unidad de criterios desde el Estado para frenar este fenómeno. Reclaman una especie de ‘guía de actuaciones’ igual para todo el territorio nacional y avalada por la Justicia. Es más, prefieren que sean unas instrucciones cursadas desde la Fiscalía General del Estado y que fueran de obligado cumplimiento para todas las fiscalías.
Respecto a la nueva plataforma ciudadana de reciente creación, apuntan que la Administración “puede actuar contra la okupación y que se va a trabajar en ello para convertirlas en la nueva normalidad porque en la actualidad en algunas ocasiones no se resuelven los problemas con total inmediatez.
Esta nueva asociación considera que “la Administración no está realizando su función. Para complicar todavía más la situación de muchos afectados, nos encontramos que desde el Gobierno se lanzan proclamas fomentando el acto ilegal de la usurpación de vivienda y despreciando el sufrimiento y los daños de quienes ven violados sus derechos. En el colmo de la desfachatez política. Asistimos a falsos argumentos que tratan de dar soporte legal a actos penados en el Código Penal“.
Esta asociación denuncia que la okupación está generando el surgimiento de mafias dedicadas a la extorsión de los propietarios de viviendas. “El movimiento de okupación está siendo utilizado por delincuentes comunes, que ven cómo la usurpación queda impune. Las mafias de la droga han encontrado en la okupación un sistema idóneo para instalar pequeñas plantaciones que tienen un enorme consumo energético que costean los ciudadanos, pagando la electricidad que ellos nos quitan con sus conexiones a red ilegales”, añade su presidente.
“La Administración del Estado está haciendo una clara dejación de sus funciones, y un desprecio a su responsabilidad en la gestión de una política de vivienda que solucione los problemas de precariedad, que existen, pero que estos políticos no quieren abordar. La sociedad civil debe actuar para defender los derechos de los ciudadanos, que nuestra administración no está amparando”.
Desde dicha plataforma se denuncia que la Administración es responsable desde el momento en el que los propietarios y ciudadanos ven vulnerados sus derechos.