Por Editorial -23/07/2020
El Gobierno ha anunciado la futura colaboración público-privada en el uso de suelo público y facilitar así las inversiones privadas en construcción de viviendas de alquiler social.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha presentado la nueva normativa a través del Real Decreto-Ley de 26/2020 de 7 de Julio de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del covid-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.
Debido a la actual crisis económica derivada de la pandemia del covid-19, el gobierno ha visto oportuno incrementar el parque de viviendas destinadas al alquiler social y responder así a la necesidad de amplios sectores de la población que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Pedro Saura, secretario de Estado de Transportes y Movilidad, adelantó que este plan pretende aunar el desarrollo de viviendas con una dotación de 2.000 millones de euros en los próximos dos años, y que podría suponer la creación de 221.000 puestos de trabajo.
Particularidades normativa
- Los inversores privados se encargarían de la construcción y la gestión de estas viviendas de alquiler social a cambio de una concesión del derecho de superficie de esos suelos públicos por un periodo de tiempo entorno a los 80 años. Además, se abre la posibilidad de que no tengan que pagar nada por el canon de uso de suelos públicos con la condición indispensable de que se dediquen a viviendas de alquiler social.
- “Se prevé que no sea preceptiva la existencia de canon a abonar a la Administración pues su nota diferenciadora será el compromiso del adjudicatario de esos derechos de ofrecer viviendas con rentas asequibles o sociales, en todo caso limitadas”, aclara el BOE.
- Estas viviendas destinadas al alquiler asequible o social podrán tener la consideración de viviendas con protección pública, según la normativa autonómica en cada caso.
- Los suelos públicos disponibles se podrán ofertar a través de la Entidad Pública Empresarial de suelo (Sepes) a través de licitación pública. Tanto las administraciones como los inversores podrán ver dónde es más necesaria la construcción de vivienda en alquiler social.
- Otra de las medidas que habilita el Mitma es que permite a las Comunidades Autónomas que no hayan ejecutado las obras previstas en el Plan de Vivienda 2028-2021no tengan que devolver esas ayudas, sino que puedan aplicar ese remanente para otros planes que tengan que ver con el acceso a la vivienda.
ACCESO COMPLETO REAL DECRETO-LEY 26/2020, DE 7 DE JULIO, DE MEDIDAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA HACER FRENTE AL IMPACTO DEL COVID-19 EN LOS ÁMBITOS DE TRANSPORTES Y VIVIENDA. Descarga