Colaborador: ¿Cómo ha funcionado la moratoria de las hipotecas y del alquiler?
6/10/2020
El 29 de septiembre finalizó el plazo para solicitar la moratoria hipotecaria por coronavirus para personas que se hayan quedado sin ingresos, o que hayan sufrido una merma de los mismos. Un mecanismo de protección social por el que la entidad acreedora no puede exigir el pago de la cuota hipotecaria ni de ninguno de sus conceptos, ni aumentar la deuda con nuevos recargos o intereses.
Esta protección social que termina en medio de una segunda ola del coronavirus y que no deja de incidir, en la salud y bolsillos de los ciudadanos. Una ayuda para que muchos hogares puedan llegar a fin de mes al flexibilizar el pago hipotecario. El esfuerzo que realiza una familia hoy en día para el pago de la hipoteca de una vivienda en España es del 31,6%.
Las asociaciones de consumidores creen que la moratoria hipotecaria ha resultado insuficiente.
El Banco de España en su último informe indica que se han presentado 269.012 solicitudes de moratoria hipotecaria por coronavirus desde el mes de marzo, concediéndose 226.644, mientras que 42.368 han sido denegadas.
La Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros (ADICAE) cree que esta medida ha resultado insuficiente en un contexto de vulnerabilidad económica que no remite ya que estamos actualmente en la segunda ola de coronavirus. Y piensan que “es más prioritario establecer mecanismos permanentes a corto y medio plazo que permitan superar situaciones de crisis”.
Desde la Asociación de Usuarios Financieros, ASUFIN, se pone de manifiesto que el Gobierno con estas medidas no ha aliviado el problema. Las condiciones exigidas han sido demasiado rigurosas, solo uno de cada diez solicitantes cumple con todos y cada uno de los cuatro supuestos que plantea la norma solo un 74,5% cumple con alguno de los mismos.
Las entidades financieras a través de su moratoria sectorial han cubierto parte de las solicitudes de moratoria hipotecaria que no han podido ser atendidas por el Gobierno.
Las entidades financieras que conforman la Asociación Española de Banca (AEB) y CECA anunciaron en abril un acuerdo para poner en marcha una moratoria sectorial, mucho menos estricta y complementaria a la moratoria legal, que amplia tanto los colectivos beneficiarios como los periodos de aplazamiento de pagos. Para ASUFIN, “el sector privado y las entidades financieras, a través de esta moratoria sectorial, han llegado a sectores donde el Gobierno no ha llegado”.
La AEB y la CECA no entran a valorar si es necesario ampliar el plazo para acogerse a esta medida de protección social, pero hacen hincapié en que “una vez finalizado el plazo, los beneficiarios de la moratoria hipotecaria por coronavirus legal que lo necesiten podrán complementarla con la moratoria sectorial de forma sucesiva”.
El primer requisito es que; el conjunto de la unidad familiar no supere los ingresos de 1.613,83 euros al mes.
ADICAE se pronuncia y comentan que han recibido numerosas quejas de los demandantes: “Nos hemos encontrado con indicaciones incorrectas y dificultades para conseguir la documentación durante y después del confinamiento. La moratoria en alquiler tampoco ha sido un éxito. Los afectados demandan más ayudas directas que permitan hacer frente a los pagos de las mensualidades.
La moratoria protege también a los inquilinos que se vean con problemas para el pago del alquiler siempre y cuando el arrendador sea un gran tenedor de la vivienda. En el caso de ser un pequeño propietario, éste puede aceptar voluntariamente, el aplazamiento del pago de la renta por parte del inquilino o la condonación total o parcial de la misma, si no se hubiera acordado nada previamente entre las partes. En caso de no aceptar el aplazamiento o condonación el inquilino vulnerable tendrá acceso al programa de ayudas de financiación reguladas en el real decreto, como son las ayudas directas o un microcrédito del ICO.
La moratoria de los alquileres y los créditos ICO tampoco ha cumplido las expectativas. Según datos de ASVAL (Asociación de propietarios de viviendas en alquiler) reflejan que solo un 9% de los inquilinos han solicitado esta moratoria durante la crisis COVID y los créditos ICO apenas han despertado interés porque no quieren endeudarse más.
También ponen de manifiesto que hay insuficiencia de parques de viviendas para alquilar y un alto coste que impide el acceso a la vivienda. Se necesita una reforma de la ley con medidas que refuercen la seguridad.
Beatriz Toribio, directora general de ASVAL: “Proponen la creación de un fondo de 700 millones de euros anuales que permita a las familias vulnerables hacer frente al pago del alquiler.
Desde ADICAE se plantea “aumentar el parque de viviendas en alquiler y una reforma de la ley de arrendamientos que contemple medidas que aporten seguridad a los derechos y obligaciones tanto para el arrendador como para el arrendatario. El acceso a los préstamos ICO tampoco ha sido fácil, su efecto ha sido apenas testimonial”, cuenta Pardos.